[Traducido del inglés]

Tras 25 años en el poder, el chavismo, el movimiento político creado por el difunto presidente Hugo Chávez, parece enfrentarse a una contundente derrota en las urnas si se llevan a cabo unas elecciones competitivas. El gobierno del presidente Nicolás Maduro es profundamente impopular, el resultado de una prolongada crisis política y un colapso económico que ha desencadenado una de las peores emergencias humanitarias de la región y un éxodo de más de 7,5 millones de venezolanos. Las encuestas de opinión indican que la mayoría de los electores votarán por un cambio en las próximas elecciones presidenciales del 28 de julio. La estrategia adoptada por las fuerzas de la oposición también ha ayudado a inclinar la balanza política en Venezuela. En lugar de denunciar el juego sucio y boicotear las elecciones como lo han hecho con frecuencia en el pasado, todos los partidos de la oposición han declarado públicamente que tienen la intención de participar pase lo que pase. Y lo que es más importante, se han unido en torno a un candidato, Edmundo González, quien representa a  la Plataforma Unitaria Democrática después de que a María Corina Machado, quien ganó las primarias de la oposición, se le prohibiera competir por la presidencia.

Ante un desafío tan contundente por parte de una oposición aparentemente fortalecida por una ola de apoyo popular, ¿qué opciones están contemplando el chavismo y el gobierno? En una serie de conversaciones con Crisis Group, personas en el corazón del movimiento describen lo que llaman su “vocación hegemónica”: es decir, la voluntad de permanecer en el poder incluso si hacerlo requiere intensificar las prácticas autoritarias que el gobierno de Maduro ha desplegado en los últimos años. Más allá de los motivos ideológicos, entran en juego consideraciones pragmáticas y materiales: en efecto, dejar el poder podría acarrear enormes costos personales. Pero entrevistas con decenas de líderes chavistas y activistas de base, incluidos algunos que han roto con el gobierno y otros que ocupan posiciones clave en él, revelan que el grupo está lejos de ser homogéneo. Estas divisiones moldean no sólo su comprensión de la actual carrera electoral, sino también sus puntos de vista sobre cómo responder a la amenaza de una derrota. 

Desde sus inicios, el chavismo ha agrupado una variedad de corrientes políticas, desde sindicalistas hasta militares, pasando por ideólogos nacionalistas y conservadores evangélicos. En los últimos años también se han sumado al movimiento grupos de interés alejados de cualquier ideología clara. Algunas facciones tienen un profundo apego a la democracia, aunque con más énfasis en la importancia de la participación popular y las mayorías electorales que en los pesos y contrapesos y la separación de poderes. Otras facciones del movimiento adoptan rápidamente posturas más represivas o restan importancia al respeto por los derechos humanos. Los militantes chavistas también son heterogéneos: activistas de izquierda y exintegrantes de partidos políticos tradicionales venezolanos coexisten con empresarios y sectores del ejército. La base electoral del movimiento también ha evolucionado. Inicialmente los votantes pobres y de zonas rurales respaldaron al chavismo de forma abrumadora, en especial cuando los precios del petróleo alcanzaron su punto máximo durante el mandato de Chávez y el presidente invirtió generosamente en programas sociales y de infraestructura, tales como la construcción de módulos médicos en áreas empobrecidas. Pero con la devastadora contracción económica de la última década, los partidarios del chavismo son ahora una minoría en todas las clases sociales.

La disminución del apoyo popular y la diversidad de quienes aún respaldan el movimiento explican las tensiones y dilemas que marcan el proyecto chavista en este punto. Aunque sus líderes y activistas han afirmado desde el comienzo que están comprometidos con la expansión de la democracia y el empoderamiento de los ciudadanos, también afirman que el movimiento sólo puede lograr sus objetivos si permanece en el poder a toda costa. Esta postura contradice las normas democráticas que supuestamente defienden, incluso si estas normas a menudo solo van poco más allá que la creencia en la legitimidad derivada de haber obtenido el poder por vía de las urnas. Las contradicciones en el chavismo no terminan ahí. Aunque el movimiento defiende principios socialistas, personas cercanas a los más altos círculos de poder han acumulado enormes fortunas en un momento en que la inmensa mayoría de los venezolanos luchan por sobrevivir. Los críticos denuncian lo que consideran políticas fiscales y laborales ultraliberales, como ponerle un tope al salario mínimo y las pensiones del sector público (actualmente de cerca de los $4 dólares mensuales), que ha contribuido a frenar la hiperinflación, pero se aleja mucho del original credo socialista del movimiento.

Chávez fue un líder carismático, capaz de dar una identidad convincente a intereses divergentes. Pero desde su muerte por cáncer en 2013, su proyecto se ha fracturado gradualmente, lo que dificulta predecir con certeza cómo reaccionará ante la adversidad electoral. Quizás lo único que sostiene la cohesión del chavismo es el temor de que una victoria de la oposición lo borre del mapa. 

Los propios chavistas están divididos respecto de lo que creen que sucederá el 28 de julio. La base social del movimiento está en gran medida desencantada, desmovilizada y harta de sus líderes. Tras años de penurias y decepciones, el apoyo al gobierno ha disminuido dramáticamente, especialmente en áreas que históricamente habían sido sus bastiones, tales como zonas urbanas pobres y estados rurales como Barinas, Portuguesa y Sucre. Al principio, el descontento se tradujo en abstención y apatía; ahora, en cambio, muchos de quienes votaron por los chavistas en el pasado apoyan activamente a González. De hecho, la disminución del apoyo en los antiguos bastiones chavistas está alimentando gran parte del entusiasmo hacia él y la oposición.

Líderes locales chavistas y funcionarios de bajo nivel que tienen contacto diario con su cada vez más reducida base no son optimistas respecto a sus posibilidades electorales. “Está cuesta arriba animar a la gente para que vote. Hay mucha decepción”, afirmó un activista de base. Este sentimiento fue ampliamente compartido por otros activistas en una asamblea local chavista. “La gente no va a votar por Nicolás”, afirmó un dirigente de una comunidad pobre del occidente de Caracas. “Yo creo que ni siquiera los de la ‘estructura’”, dijo, refiriéndose a los que tienen cargos formales en el partido. Algunos chavistas en distintos niveles del movimiento dicen que, de hecho, sería un error ganar a cualquier precio, y señalan que dejar el poder podría ayudar al chavismo a reconectarse con sus bases y reinventarse ante un posible regreso al poder siempre y cuando el movimiento no sea perseguido.

Funcionarios de rango medio y alto, por su parte, tienden a ser más optimistas y creen que el chavismo corre poco riesgo de ser derrotado. Generalmente aislados de las bases, estos funcionarios suelen interactuar con la base chavista sólo cuando entregan subsidios a los electores, tales como paquetes de alimentos subsidiados, que lógicamente son recibidos con entusiasmo. Las conversaciones con estos funcionarios revelan que aceptan en gran medida la propaganda del gobierno, que presenta “la lealtad del pueblo” hacia el movimiento como si aún fuese fuerte. También están convencidos de que los votantes castigarán a los “vendepatrias” de la oposición, a quienes culpan de la actual crisis venezolana por su colaboración con el gobierno estadounidense. A pesar de algunos recientes alivios a las sanciones, Washington ha mantenido un amplio paquete de restricciones contra Venezuela, la mayoría de las cuales fueron introducidas durante la campaña de “máxima presión” del expresidente Donald Trump, destinada a derrocar a Maduro en 2019. Estas convicciones suelen compartirse dentro de una burbuja de personas con pensamientos afines, y muchos funcionarios de rango medio o alto parecen poco receptivos a opiniones contrarias y a debatir con quienes discrepan.

Por último, los principales líderes (políticos en los niveles más altos de toma de decisiones y sus colaboradores más cercanos) parecen albergar una visión más pragmática. Reconocen que el apoyo está disminuyendo, pero creen que el chavismo aún puede ganar las elecciones presidenciales (que se llevan a cabo en una única vuelta), si consigue aproximadamente el 30 por ciento de los votos y la abstención supera el 50 por ciento (lo cual ha ocurrido en el pasado), y la oposición divide su voto entre dos o tres candidatos. La cuestión inmediata que se plantean es cómo asegurarse de que eso suceda.

La apuesta del gobierno era que una recuperación económica, generada en parte por la disposición de EE. UU. de levantar algunas sanciones, combinada con la división del voto de la oposición y un boicot por parte de los sectores más radicales de ésta le daría la victoria electoral en unos comicios relativamente competitivos. (En algunas de las elecciones anteriores, la mayoría de la oposición se negó a participar alegando un campo de juego sesgado, dado el control de Maduro de todas las instituciones electorales, judiciales y de seguridad de Venezuela). Para conseguir el apoyo de los indecisos, los líderes chavistas han intentado desde 2021 atraer a una audiencia más amplia. En los últimos años, Maduro apenas ha mencionado los pilares de la retórica emblemática del chavismo, ya sea sobre el socialismo o el poder comunal y popular, y en cambio ha destacado la importancia de la inversión privada y el crecimiento. El gobierno incluso abandonó el color predilecto del movimiento, el rojo, y adoptó en su lugar un tono más neutro de azul. Además, eventualmente firmó el pacto de Barbados con una delegación de la oposición en octubre de 2023, en el que se establecían una serie de compromisos para crear unas condiciones electorales más justas. Altos funcionarios chavistas también entablaron conversaciones paralelas privadas con altos funcionarios estadounidenses sobre elecciones y el alivio de sanciones, con la mediación de Catar.

A pesar de las promesas hechas en Barbados y Doha, las autoridades arremetieron contra los esfuerzos de la oposición para unirse en torno a una candidatura, con el fin de evitar que las elecciones se convirtieran en un enfrentamiento entre Maduro y quien liderara la oposición. El bloqueo de la candidatura de María Corina Machado, elegida por una arrolladora mayoría en las primarias de la oposición celebradas en octubre pasado, y permitir que varias figuras menores de la oposición registraran sus candidaturas pretendía dividir el voto en contra del gobierno. Sin embargo, esta estrategia se vio frustrada cuando la mayoría de la oposición se comprometió a participar en las elecciones a pesar de la prohibición de Machado y a apoyar a González, un diplomático retirado que se registró para sustituirla a última hora en el mes de abril.

Ante la perspectiva de una derrota histórica, el gobierno ha retomado su antigua estrategia de confrontación. Ha desempolvado las referencias a Chávez, después de casi una década de progresivamente restar importancia a la memoria de su mandato. La administración de Maduro intenta volver a la polarización que caracterizó la conflictiva política venezolana entre 2019 y 2022, cuando la oposición, respaldada por EE. UU. y otros países, estableció un “gobierno interino” y pretendió derrocar a Maduro mediante sanciones, levantamientos militares y amenazas de intervención extranjera. El chavismo respondió a esta presión manteniéndose cohesionado, a pesar de algunas deserciones individuales, y evadiendo las sanciones a través de alianzas comerciales con Rusia e Irán, entre otros. Mientras tanto, el fracaso de la oposición dilapidó gran parte de su capital político. 

El gobierno de Maduro intenta una vez más enmarcar la campaña como una batalla entre los chavistas, que encarnan la patria amenazada, y EE. UU., que, según ellos, busca subyugar al país con el apoyo de lacayos locales. Altos funcionarios han denunciado repetidamente el “bloqueo criminal” de EE. UU. y han sugerido que González es un “candidato del imperio”, cómplice de las sanciones contra Venezuela. El argumento de que el colapso económico de Venezuela es el resultado de las sanciones impuestas por Washington proporciona al gobierno lo que considera como una justificación para su mediocre desempeño y las dificultades económicas que se sienten en todo el país. Repitiendo este mantra, el gobierno espera protegerse de una serie de escándalos de corrupción en los que están implicados altos dirigentes chavistas y preservar la lealtad de las bases a pesar de las dificultades diarias a las que se enfrentan. El gobierno también argumenta que no se puede hablar de unas elecciones justas y competitivas si se ve paralizado por las sanciones y no puede acceder a sus fondos en cuentas bancarias del exterior. En palabras de un alto dirigente chavista, esto equivale a “ir a una pelea de boxeo con una mano atada a la espalda”.

La explotación de las tensiones con EE. UU. no termina ahí. Según Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, mientras el gobierno venezolano cumplió su parte del acuerdo mediado por Catar al permitir que González se postulara, EE. UU. ha incumplido sus promesas (los términos del acuerdo entre Washington y Caracas no se han hecho públicos). El gobierno venezolano afirma que Washington ha incumplido el acuerdo secreto suscrito el año pasado en Doha, el cual supuestamente incluía permitir el acceso de Caracas a miles de millones de dólares en fondos congelados en cuentas en el extranjero y levantar la mayoría de las sanciones restantes al país al igual que los cargos penales contra sus líderes, siempre y cuando celebraran unas elecciones competitivas en las que participara un candidato de la principal corriente de oposición. Por su parte, EE. UU. alega que Venezuela incumplió los términos del acuerdo al bloquear a Machado, hostigar a opositores políticos y detener a activistas de la sociedad civil, muy probablemente refiriéndose a la detención de Rocío San Miguel, una reconocida defensora de los derechos humanos. El gobierno de Maduro ha intentado situar las tensiones entre Venezuela y EE. UU. en el centro de la campaña electoral, mientras amenaza, de manera apenas velada, con tomar medidas drásticas contra González con el argumento de que EE. UU. ha incumplido sus compromisos.

Los efectos de una posible victoria de la oposición tienen gran influencia sobre la estrategia del gobierno. Los chavistas están convencidos de que cualquier eventual gobierno de oposición intentaría perseguirlos e intimidarlos, ya sea a través de los tribunales nacionales o mediante los cargos penales interpuestos en EE. UU. contra sus dirigentes, incluido Maduro. Debido al papel central que desempeñaron algunos políticos de la oposición en la estrategia de “máxima presión” y la forma en que han hablado de represalias contra quienes están en el poder, muchos chavistas consideran a sus adversarios políticos como violentos, antidemocráticos, criminales, antipatrióticos y revanchistas. Evocan episodios de violencia a manos de la oposición en los últimos años, como los casos de linchamientos durante el fallido golpe de Estado de 2002 y las protestas y la violencia asociada en 2003, 2014 y 2017. También señalan la represión estatal lanzada contra movimientos de izquierda en otros países latinoamericanos, siendo los casos más recientes Bolivia tras sus disputadas elecciones de 2019 y Perú después de la caída del expresidente Pedro Castillo en 2022.

El espectro de la persecución, la represión y la desaparición física impulsa a los chavistas a unirse y aferrarse al poder. “Los costos de salida del poder son muy altos”, dijo un alto funcionario del gobierno, “por eso no parece probable que nos pongamos en una situación en que se pueda perder”. La estrategia parece estar funcionando: muchos chavistas, incluso aquellos desencantados con el actual gobierno y dispuestos a contemplar una transición del poder, temen que el deseo de venganza de la oposición represente un riesgo para ellos. Esto ayuda al gobierno a conseguir apoyo entre grupos descontentos con Maduro pero que ven con preocupación el radicalismo de ciertas figuras de la oposición.

Estos temores se han visto alimentados por el protagonismo de figuras tradicionalmente menos comprometidas al frente de la campaña de la oposición. María Corina Machado, quien fue inhabilitada para competir en esta elección pero tiene una clara influencia en la candidatura de González a la presidencia, construyó gran parte de su prestigio sobre posiciones intransigentes que ha mantenido durante muchos años, especialmente durante la estrategia de “máxima presión”. Una de sus últimas consignas ha sido la promesa de “dejar atrás, y enterrado para siempre, el socialismo en Venezuela”. Es posible incluso que algunos sectores del gobierno hayan intentado posicionarla como la líder, pensando que alienaría a los sectores más moderados de la oposición, los cuales se negarían a trabajar con ella. De ser así, la estrategia resultó contraproducente: la dureza con la que el gobierno la ha tratado convirtió a Machado en un icono popular y en un auténtico fenómeno electoral, a pesar de que formalmente no pueda postularse para el cargo. Su protagonismo de cara a los comicios, en los que respalda a González aunque lo eclipse en la campaña, ha renovado los temores de una represión vengativa contra el chavismo si llegara a perder el poder, y alienta a quienes apuestan por impedir a toda costa una victoria de la oposición.

Esto suscita una pregunta clave: ¿aceptaría el gobierno de Maduro una victoria de la oposición y una eventual transferencia del poder en 2025? El escenario ideal para el gobierno sería ganar unas elecciones lo suficientemente justas como para resultar aceptables para los venezolanos, sus vecinos latinoamericanos, EE. UU. y otros Estados extranjeros. De este modo, Maduro podría permanecer en el poder, ganar legitimidad interna y externa, y obtener finalmente el levantamiento total de las sanciones individuales y sectoriales. Pero con la oposición unida en torno a un único candidato y sin una mejora real en las condiciones de vida de la mayoría de los venezolanos, esta posibilidad parece cada vez más remota.

Es muy poco probable que el gobierno asuma un riesgo demasiado alto de perder el poder permitiendo que se celebren unas elecciones competitivas si cree que su derrota es inminente. En otras palabras, ante la opción de llevar a cabo unas elecciones consideradas aceptables tanto a nivel nacional como internacional o de sesgar aún más el campo de juego para preservar su control del poder, el gobierno se inclinaría por lo segundo. Para ello, está dispuesto a combinar la astucia política con medidas más extremas: obstaculizar la votación lo suficiente como para garantizar que la abstención supere el 50 por ciento (valiéndose de estrategias como cambiar la ubicación de los centros de votación en el último momento y restringir los actos de campaña, entre otras), repartir ayudas sociales para conseguir votos entre los necesitados y, si es necesario, inhabilitar a los candidatos que amenacen la victoria del gobierno, incluido posiblemente el propio González. El conteo de los votos puede ser controversial: los rectores del consejo electoral que son chavistas podrían intentar ocultar los resultados detallados a sus colegas de la oposición y al público.

El gobierno tiene claro el precio que ha pagado en el pasado por elecciones sesgadas, pero es posible que espere que esta vez sea diferente. Muchas potencias extranjeras no reconocieron las elecciones de 2018; posteriormente, EE. UU. y la UE impusieron sanciones contra Venezuela (EE. UU. impuso sanciones sectoriales e individuales; las de la UE fueron dirigidas sólo contra determinados chavistas). Pero a pocas semanas de que la población acuda a las urnas y con unas encuestas que sugieren un fuerte apoyo a la oposición, el gobierno casi con certeza teme que se produzca una auténtica competencia electoral. Caracas asume que el mundo se mostrará reacio a recurrir al tipo de medidas que impuso la última vez, dado que la estrategia de distanciamiento, sanciones y aislamiento desplegada en 2019 no logró sacar al chavismo del poder, y espera que el castigo que enfrentaría la administración de Maduro por bloquear una victoria de la oposición esta vez no sea tan elevado. También sabe que EE. UU. y otros países de la región serán cautelosos a la hora de respaldar cualquier medida que pueda empeorar las condiciones en Venezuela y desencadenar una nueva ola migratoria. 

Si el gobierno llega a perder las elecciones (suponiendo el poco probable escenario en el que permitan que las elecciones se lleven a cabo en condiciones aptas para una victoria de la oposición), sin duda, Maduro y otros se resistirán a reconocer la derrota sin garantías sólidas en cuanto a su futuro. Probablemente exigirán seguridad personal, inmunidad judicial para todos los miembros del movimiento y el derecho a permanecer activos en la vida política nacional. Los altos mandos de las fuerzas armadas venezolanas esperarían promesas de que no se reorganice la cúpula militar. El actual sistema político venezolano es en gran medida de suma cero, concediendo un enorme poder a quienes ganan las elecciones presidenciales, mientras que los perdedores tienen que consolarse, como mucho, con cargos políticos menores y un acceso muy limitado a los recursos estatales. Si los chavistas llegaran a admitir y aceptar la derrota, es posible que no sólo exijan las garantías mencionadas anteriormente, sino que busquen algún tipo de acuerdo para compartir el poder.

A medida que se acercan las elecciones, para garantizar unos comicios justos habrá que hacer todo lo posible para disuadir a los chavistas de sabotear el proceso. Algunos, si no todos, los altos cargos del gobierno podrían resistirse a cualquier amenaza para conservar el poder. Para maximizar las posibilidades de que la cabeza fría prevalezca en Caracas, las potencias extranjeras deben intentar crear incentivos para que el gobierno se abstenga de frustrar la campaña de la oposición, incluyendo (posiblemente incluso antes de la votación) la reducción de los costos que los altos funcionarios y activistas de todo el movimiento podrían enfrentar en caso de una derrota.

El presidente colombiano Gustavo Petro anunció recientemente que había elaborado una propuesta para un pacto entre el gobierno y la oposición que haría justamente eso: establecer una serie de garantías postelectorales para ambas partes. La propuesta, cuyos detalles no se han hecho públicos, parece también contar con el apoyo del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien podría desempeñar un papel crucial en la mediación de una crisis electoral venezolana gracias a sus lazos relativamente cordiales tanto con Maduro como con Washington. Aunque muchos chavistas coinciden en que un acuerdo en este sentido es necesario, les preocupa que cualquier aparente disposición del gobierno a discutir estos temas sea considerada como una señal de debilidad que pueda generar fracturas internas y un desastre electoral. La fortaleza del chavismo ha demostrado desde hace mucho tiempo ser su cohesión frente a la adversidad.

Cuando el gobierno enfrenta lo que podría ser su mayor desafío electoral, la mejor forma para que los gobiernos extranjeros y la oposición eviten una crisis sería prepararse para una diplomacia intensiva pero discreta que reconozca los temores de quienes pueden perder el poder. Aunque muchos venezolanos claman por un cambio político drástico, es posible que las perspectivas de unas elecciones competitivas se desvanezcan mientras haya tanto en juego para el gobierno y sus partidarios y las encuestas sigan apuntando a su derrota. En cambio, la mínima posibilidad de unas elecciones y una transición del poder pacíficas dependerá de un equilibrio que no será fácil de conseguir: una auténtica batalla por los votos, combinada con garantías por parte de las fuerzas políticas nacionales y las potencias extranjeras de que la elección no representa un riesgo para la supervivencia del chavismo y sus dirigentes.